la ONU de la razon Al juez Baltasar Garzon
La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos pide a
España la derogación de la ley de amnistía de 1977
EUROPA PRESS 10/02/2012 21:05 Actualizado: 10/02/2012 21:25
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido este viernes a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en
materia de Derechos Humanos.
El
portavoz de Pillay, Rupert Colville, ha descartado comentar la sentencia que
inhabilita al juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas telefónicas en la
investigación
de
la trama de corrupción Gürtel, pero ha recordado las otras dos causas abiertas sobre el magistrado y, en alusión a la relativa a los crímenes del franquismo, ha defendido este tipo de
pesquisas.
"España
está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones
de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco,
y a procesar y castigar a los
responsables si todavía están vivos", ha afirmado Colville, durante
una rueda de prensa en Ginebra. Además, según la Oficina de Derechos Humanos de
la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de
reparación".Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de
2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su
ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de
Derechos Humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la
organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Político, ratificado por España en 1985.
JUICIO A GARZON
Colville
ha asegurado, en alusión a Garzón, que "los jueces no deberían ser objeto
de una investigación penal por hacer su trabajo", habida cuenta de que sus
investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales
en la medida en que no cabe amnistía "para graves crímenes
internacionales". La norma puesta en cuestión "podría violar el
principio de independencia judicial". En declaraciones recogidas por
Reuters, el portavoz de Pillay ha comparado el caso español con el de otros
países y ha subrayado que debería aplicarse "el mismo principio" que
la ONU ya ha expresado para lugares como Yemen o Haití, donde también han
defendido el procesamiento de autoridades responsables de violaciones de
Derechos Humanos. Para nuestra asociación esta noticia fue una luz hacia el
encuentro de la verdad sobre las desapariciones de los bebes en las
maternidades españolas, todas y cada una de ellas increíbles de creer, pero en
esa época a las parturientas las trataban de locas y de enfermas. Engañaban a
los familiares con el único propósito de que guardaran silencio con la amenaza
de que si seguían, la madre podría acabar en un psiquiátrico. Muchos de los
culpables estaban protegidos según estas leyes por eso ninguna de las denuncias
hechas en esa época prosperaban, había mucho miedo a las autoridades policiales
y políticas. Y los afectados -as callaban, a veces les enseñaban un bebé y
otras no, y les obligaban a pagar los
costes del enterramiento, sin embargo a otras familias no.
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