Exhuman 120 cadáveres bebés
Un informe forense cuestiona el «robo sistemático de bebés en hospitales durante el franquismo»
Exhuman 120 cadáveres de recién nacidos que sus padres creían sustraídos y hallan un 90% de compatibilidad genética
Empezaron a llamarme 'bebé robada' y no hubo forma de parar aquella vorágine. Yo solo quería encontrar a mi madre biológica, no quería ser una 'bebé robada'». No lo era. Inés Madrigal (Madrid, 1969), que fue durante años la imagen de la mediática causa de los 'bebés robados' del franquismo, lo supo en 2019, tras ocho años de lucha en los juzgados. Gracias a las pruebas de ADN encontró a sus tres medios hermanos, que le contaron que su madre la había dado en adopción.
La evidencia genética ha servido también para aclarar casi un centenar más de casos judicializados. Se trata de mujeres que dieron a luz en hospitales públicos y a las que se les dijo que sus bebés habían muerto. Ellas sospechaban que no habían fallecido, sino que habían sido sustraídos para darlos ilegalmente en adopción y que les habían entregado un cadáver de otro niño que no era el suyo e incluso una tumba vacía. Acudieron a la justicia, que solicitó la exhumación de los restos de esos bebés al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), organismo adscrito al Ministerio de Justicia. «En la mayoría de los casos, el análisis de ADN confirmó la muerte de esos niños. Eran sus hijos biológicos, lo que cuestiona la narrativa generalizada del secuestro sistemático de bebés en hospitales públicos». Es la conclusión de la investigación, realizada entre 2011 y 2017 y cuyos resultados se acaban de publicar en la revista 'Forensic Science International: Genetics'.
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Antonio Alonso, uno de los cinco firmantes del informe, precisa a EL CORREO que la investigación se circunscribe a las presuntas falsas muertes –y enterramientos– en hospitales. Y desliga esta cuestión de «las adopciones forzadas a mujeres vulnerables en centros de maternidad del franquismo, clínicas privadas, casas cunas...».¿No hubo entonces bebés robados en los hospitales, ninguna mujer a la que se le dijera falsamente que su hijo había fallecido para entregarlo ilegalmente a otra pareja?
– No lo sé. No quiero hacer conjeturas. Lo que decimos es que los resultados descartaron el robo de bebés en la mayoría de los casos investigados, lo que nos permitió excluir el modus operandi declarado por la mayoría de los padres, que consistía en que las familias eran falsamente informadas de la muerte súbita del recién nacido en un hospital público y, posteriormente, lo daban en adopción.
Tres tumbas vacías
Los estudios de ADN de bebés supuestamente robados se realizaron a petición de la Fiscalía y de diversos juzgados de instrucción, que solicitaron a los forenses del INTCF exhumar los restos de 120 recién nacidos cuyas familias habían denunciado que esos no eran sus hijos. En 90 de estos 120 casos se obtuvo material genético suficiente para cotejarlos con los de los padres biológicos y en 81 de ellos (el 90%) se halló compatibilidad genética: los que habían enterrado eran sus hijos.
«Todas esas familias creían que sus bebés no habían fallecido, sino que habían sido sustraídos en el hospital. Sin embargo, las pruebas de ADN demuestran que los restos que les entregaron eran efectivamente sus hijos. A la vista de estos resultados, el robo sistemático en hospitales asociado a este modus operandi de decirles falsamente a las familias que su bebé había muerto parece poco probable», insiste Antonio Alonso.
En el informe, al que ha tendo acceso este periódico, se detalla que hallaron tres tumbas vacías. «A primera vista podría interpretarse como un indicio de delito de robo, ya que no había cadáver. Pero para llegar a esta conclusión hay que descartar que los restos óseos pudieran degradarse con el paso del tiempo hasta su completa destrucción». Y así concluyeron que había ocurrido en los tres casos. «Los datos recopilados sobre el tamaño de los huesos de los recién nacidos, a menudo de tan solo unos pocos milímetros de grosor, así como la composición particular del tejido óseo, con fibras de colágeno desordenadas y calcificación reducida en comparación con el tejido óseo adulto, indicaron que la destrucción total de los restos óseos era posible bajo ciertas condiciones de enterramiento. Además, en dos de los tres casos en los que no se encontraron restos óseos, se recuperaron pelos fetales y fauna cadavérica (pupas de insectos), compatibles con la existencia previa de restos óseos». Descartaron entonces la teoría de la tumba vacía en los tres casos.
En los 117 casos restantes sí hallaron restos. No se pudieron cotejar todos porque solo había material genético suficiente en 90. O bien encontraron ADN de calidad (78 casos) o bien pudieron acceder a biopsias de esos recién nacidos conservadas en los hospitales (12 casos). Cuando compararon los datos de estos bebés con los de sus padres biológicos hallaron compatibilidad genética en 81 ocasiones, lo que permitió archivar estas causas judiciales. ¿Y los otros 9? «En esos casos no se pudo verificar la compatibilidad genética por una de estas dos razones: porque existían serias dudas sobre la fiabilidad de la ubicación de los entierros o porque no se descartaban problemas relacionados con la custodia de las muestras post mortem de los recién nacidos enviadas a nuestro laboratorio».
Las 261 demandas
Las 120 peticiones de exhumación llegaron al INTCF a raíz de la multitudinaria denuncia de 2011. Ese año, el abogado Enrique Vila, fundador de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) presentó 261 demandas de familias de niños presuntamente sustraídos entre 1950 y 1990.
Una de esas denuncias la firmaba Inés Madrigal, que con 18 años se enteró de que era adoptada. En 2010, tras leer un artículo sobre bebés robados en la clínica donde ella nació, pensó que podría ser una de las víctimas. Denunció a Eduardo Vela, el ginecólogo que la entregó ilegalmente a sus padres de adopción –tuvo que denunciar también a su madre adoptiva–.
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Gracias al ADN encontró a sus tres medios hermanos por parte de madre, pero a ella no la llegó a conocer porque había fallecido ya. «Cuando se quedó embarazada de mí tenía 27 años, era soltera y nadie la ayudó, ni siquiera mi abuela. La coaccionaron para entregarme. Los tres últimos meses del embarazo los pasó en un piso que visitaban acólitos de Eduardo Vela, el ginecólogo de la clínica San Ramón de Madrid que me entregó. Le hacían escribir cartas a sus amigas en las que les contaba que estaba trabajando en París y luego las llevaban a París para enviarlas desde allí y que constara en el matasellos. Su embarazo lo guardó en secreto porque en esos años lo primero era la decencia. Sé que, si hubiera tenido la oportunidad, se habría quedado conmigo. Mis hermanos me han contado que el día de mi cumpleaños iba siempre a misa a pedir por que estuviera bien».
Inés ha leído el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Y comparte con matices su tesis. «Lo primero que habría que preguntarse es qué se entiende por robo de bebés. ¿Hubo un robo sistemático de recién nacidos en hospitales con un cabecilla al frente? No. Pero a algunas mujeres les dijeron que sus hijos habían muerto y a muchísimas más les coaccionaron para entregarlos diciéndoles que, si no lo hacían, iban a quedar señalados ella y el niño, que lejos de ella iba a vivir mejor... ¿Qué fue entonces la coacción a tantas madres más que un robo y un maltrato?».
«Un efecto llamada brutal»
Se refiere, en su mayoría, a chicas solas, sin posibles, prostitutas, menores de edad... que acabaron en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, una institución pública española que tutelaba y reeducaba a chicas jóvenes bajo la estricta moral católica de la época. Este pasado 20 de marzo el Gobierno reconoció en un acto público en Madrid a 53 víctimas del Patronato, «una herramienta de represión para chicas menores de edad que fueron sometidas a humillaciones, violencia, robo de bebés y trabajo no remunerado», se describe en la página web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Inés Madrigal dice que en España hubo durante décadas «un supermercado de bebés a la carta. Todo el mundo sabía que pagando se podía conseguir un recién nacido. Además, por entonces la ley de enterramiento permitía enterrar a los 'abortos', que así eran considerados los bebés que no llegaban a las 24 horas de vida y a los que a veces se daba sepultura en fosas comunes».
Esa duda sobre la muerte de sus bebés que anidó en muchas familias adoptó la forma de onda expansiva en 2011, tras las 261 denuncias que se presentaron en los juzgados. Así lo recuerda Inés Madrigal: «Hubo un efecto llamada brutal. En el correo electrónico de ANADIR entraron entre 8.000 y 9.000 mensajes de familias; yo misma contesté entre 2.500 y 2.700. Todas esas mujeres tenían la sospecha de que les habían robado a su hijo».
El dineral del entierro
Lo cree así Mari Cruz Rodrigo, 67 años, presidenta de SOSBebés Robados Madrid. Cuenta a ELCORREO que en 1980 dio a luz a su segundo hijo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que acababa de inaugurarse. «Nació con siete meses y lo llevaron a la incubadora, yo lo veía por el cristal. Era una cría de 21 años, pero ya estaba casada con el que sigue siendo mi marido y teníamos otro hijo de un año. El sexto día la doctora nos dijo que al bebé se le había parado el corazón y que había fallecido. Quisimos verlo pero se negaron alegando que estaba desfigurado. No entendíamos nada, llegué a creer que se les había caído. Cuando les dijimos que nos lo llevaríamos para enterrarlo, nos dijeron: '¿acaso tenéis dinero? Os va a costar 200.000 pesetas'. Eso era un dineral en aquella época, así que le dejamos allí con la sospecha de que algo raro había pasado porque me pidieron que siguiera llevándoles la leche que me sacaba del pecho al hospital. No lo hice. ¿Para qué querían la leche si el niño había muerto?». Mari Cruz ha denunciado su caso en tres tribunales. «Han reconocido la mala praxis, pero el caso está archivado por falta de pruebas». Ella no ha cerrado ese capítulo. «No me han demostrado que murió, así que sigo buscando. Cada vez que sale un nuevo banco de ADN me apunto».
A este respecto, Antonio Alonso lamenta que «no haya todavía un censo completo de todos los casos de bebés presuntamente robados en España» y recuerda que existe desde 2012 el Servicio de Información para las Personas Afectadas por la Posible Sustracción de Bebés Recién Nacidos, perteneciente al Ministerio de Justicia. «Apenas tienen 800 expedientes abiertos».
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La polémica cifra de los 300.000 bebés
Enrique Vila es el abogado que presentó la denuncia colectiva por el caso de 'bebés robados'. Nació en 1965 en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, una de las entidades señaladas por el caso de los 'bebés robados'. «Tenía 23 años cuando murió mi padre y, revisando sus papeles, me enteré de que era adoptado». Lleva años de búsqueda –«me voy acercando a mi familia biológica través de la pista de un primo quinto»– y en 2012 publicó el libro 'Historias robadas', donde dio la cifra de 300.000 niños. La cifra de la polémica. «La opinión pública, los medios... empezaron a hablar de 300.000 casos de falsos enterramientos, pero yo nunca he dicho eso. Eso es una barbaridad. Yo lo que digo es que desde que acabó la Guerra Civil (1939) y hasta 1987 que la adopción dejó de ser un contrato privado y empezó a intervenir el Estado, hubo más de 300.000 bebés falsamente inscritos».
Una cifra en la que Vila incluye todas las casuísticas. «Hubo familias a las que se les dijo que sus bebés habían muerto cuando no era verdad. Y sí, estoy de acuerdo en que eso no fue algo sistemático. Por otro lado, claro que hubo mujeres que entregaron voluntariamente a niños a los que se registró falsamente como hijos biológicos de otra familia, pero también muchas a las que coaccionaron en casas cunas, en los centros del Patronato, en clínicas privadas y religiosas... A la mayoría de estas no les decían que su hijo había muerto. No les hacía falta. Simplemente, les amenazaban: 'Tu niño va a ser dado en adopción y tú no puedes hacer nada'. Algunas eran niñas de 16, estaban solas....no podían hacer nada>.
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