La “conspiración” sobre el bebé robado, de Eduardo Raya, que puede comprometer a Gallardón

La “conspiración” sobre el bebé robado, de Eduardo Raya, que puede comprometer a Gallardón
REDACCION
 Noticias de Alhama
 19 Febrero 2014
  


 El caso del primer denunciante en España de robo de bebés reúne tal cúmulo de posibles pruebas falsas e irregularidades para intentar archivarlo definitivamente que, de no rectificarse antes del juicio, afectarían gravemente al Ministerio de Justicia. El Parlamento europeo también investigará lo ocurrido.




En la foto de arriba Eduardo y Gloria momentos antes de comparecer ante el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la ONU, y en esta Eduardo mostrando parte del cúmulo de documentación que posee.

  Sus compañeros, afectados también por el supuesto robo de bebés, no dudan en calificar de “conspiración” lo que están sufriendo los primeros denunciantes de España, el matrimonio granadino de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez. Su caso reúne ya tal cantidad de posibles irregularidades y supuestas pruebas falsas que, de no ser rectificadas o aclaradas antes de llegar a juicio y a la investigación abierta por el Parlamento europeo, pueden comprometer seriamente la actuación del Ministerio que dirige Alberto Ruíz Gallardón. El Juzgado de Granada tiene que decidir sobre el último recurso de reforma, presentado esta misma semana, contra el archivo de uno de los casos a priori más flagrantes de todo el país:

 6 de junio de 1990: pasada la medianoche, Eduardo y Nuria acudían al Hospital Clínico San Cecilio de Granada por unas “leves molestias” y pérdida de líquido, tras un proceso de gestación de 38 semanas “absolutamente normal”, según consta en su denuncia en el Juzgado. Sin embargo, en dicho documento la madre relata cómo una enfermera “me rompió la bolsa diciendo que esto ya está” y le dijeron que existía “sufrimiento fetal”. Sin embargo no le practicaron inmediatamente la cesárea. Cuando Eduardo preguntó el motivo del retraso se le comunicó que estaban esperando a que llegara el ginecólogo Adolfo Montero Peña. Este mismo médico fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989. Se trataba de una menor de Murcia que había quedado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales de su propio padre. El ginecólogo convenció a la joven de que no abortara, sino que tuviera el hijo y lo entregara a un matrimonio de Alicante, también condenados en esa causa. Ellos se hicieron cargo de “los gastos del embarazo y parto” y al nacer el niño los tres inculpados decidieron inscribirlo en el Registro Civil como hijo propio, ocultando su procedencia. Montero Peña tenía también relación cercana con la Clínica Santa Cristina de Madrid (http://www.afectadosclinicasanramon.com/), donde han sido denunciados decenas de casos de supuesta sustracción de recién nacidos.

 Corte en la mejilla: Tras la cesárea, a los padres le comunican que la niña tiene una afección hepática muy grave. Cuando Eduardo acude a verla a la incubadora niega que ésa sea su hija, puesto que presenta un corte en la mejilla derecha, con dos puntos de sutura, y sin embargo la que él vio pasar tras salir del paritorio no lo tenía. No obstante, el pediatra Antonio Valenzuela Ruiz, le explica que el corte se le realizó por accidente con el bisturí durante la cesárea y que seguramente en el pasillo se confundió de perfil. Años después, Eduardo y Gloria se entrevistaron con los dos ginecólogos que practicaron la cesárea, Maher Balawi Balawi y Rafael Olivencia Dueso, negando ambos tajantemente que nunca hubieran dado ningún corte en la mejilla a recién nacido alguno en toda su carrera profesional y que, en todo caso, de haberlo hecho, jamás lo hubieran suturado, pues en los neonatos esas heridas no dejan cicatriz. La hipótesis que baraja la acusación particular es que esa bebé fue así “señalada” para la finalidad de enseñarla al matrimonio siempre en horario fuera de visitas.

 Hepatitis: El 9 de junio de 1990 Valenzuela Ruiz comunica a Eduardo y Gloria que su hija ha muerto como consecuencia de una grave hepatitis neonatal y les pide que donen su cuerpo “para la ciencia”, a lo cual ellos se niegan, puesto que quieren darle sepultura por sus propios medios, aunque autorizan una biopsia del hígado. Ante la rareza de la afección hepática, los doctores Miguel Cámara y Trinidad Caballero envían muestras de hígado a sus colegas Miguel Bruguera, del Hospital Clinic de Barcelona, y Kamal Ishak, del Instituto de Patología del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ambos confirman que se trata de una infección vírica o bacteriana contagiada al feto a través del cuerpo de la madre. Sin embargo el historial clínico de Gloria Rodríguez asegura que en ningún momento del embarazo sufrió infección alguna, descartando incluso expresamente la hepatitis. Hasta ahora el Juzgado de Granada también se ha negado a que los médicos testifiquen sobre esta cuestión.

 Análisis de ADN: Ante noticias aparecidas en la prensa granadina sobre cambios de bebés en el Hospital Clínico, en el año 2008 Eduardo y Gloria deciden exhumar por su cuenta el cadáver y practicar análisis de ADN. En 2009 los laboratorios ADFTecnogen y Genomica dictaminan que la enterrada no es hija de Gloria Rodríguez, según el cotejo del ADN mitocondrial. Denunciado este hecho ante la Fiscalía de Granada en marzo de 2010, ésta abre diligencias previas por varios presuntos delitos, entre ellos el de detención ilegal. Para entonces aún no habían aparecido ninguna de las miles de denuncias por robo de bebés en toda España ni se había descubierto que el aparato legal armado en 1940 entre registros civiles, instituciones religiosas y profesionales sanitarios, para la separación forzosa de menores de sus familias como medida de represión política, se había convertido a partir de 1955 en un lucrativo negocio que funcionó durante las décadas siguientes ante la pasividad de las autoridades primero franquistas y después democráticas. Tras el último relevo en la jefatura de la Fiscalía granadina, ésta ha cambiado radicalmente de criterio, pidiendo el sobreseimiento libre de esta causa, a pesar de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mostrado su criterio contrario.

 Instituto Nacional de Toxicología: Ante la petición de análisis de ADN por parte del Juzgado granadino, el 8 de junio de 2011 el Instituto Nacional de Toxicología comunica que los restos biológicos custodiados por el laboratorio privado, unos cabellos, “no son adecuados para realizar un análisis genético de compatibilidad con sus posibles padres biológicos”, solicitando adicionalmente restos óseos. Sin embargo, esas muestras recogidas del cadáver no fueron remitidas a Toxicología hasta el 20 de julio. Es decir, que cuarenta y dos días antes de recibirlas, sin siquiera examinarlas, el organismo científico dependiente del Ministerio de Justicia ya decía que las muestras no le servían, lo cual confirma el 13 de octubre asegurando que ni en los cabellos ni en los restos óseos ha podido encontrar ningún tipo de ADN. Posteriormente, en julio y octubre de 2012, esas mismas muestras han sido estudiadas por los laboratorios Labgenetics y NBTdiagnóstico, llegando a una sola conclusión: “los cabellos analizados no pertenecen a ningún hijo/a biológico/a de Gloria Rodríguez con un 100% de probabilidad”. El último archivo de la causa decretado por el Juzgado ni siquiera ha tenido en cuenta estos dos últimos informes periciales, alegando que ya los había valorado la Audiencia de Granada, cuando la misma no lo hizo debido a que se “traspapelaron”. Evidentemente, éste es uno de los argumentos principales del reciente recurso de reforma de la acusación particular.

 La “prueba falsa”: En el curso de la instrucción de las diligencias, la Policía Judicial decide informarse sobre la enfermedad que padecía la bebé muerta en 1990, y para ello acude a un facultativo ausente hasta entonces por completo del caso, el doctor José Aneiros Cachaza, quien “casualmente” (dice el informe policial) reconoce su letra en un manuscrito y admite ser la persona que hizo la biopsia al hígado del cadáver de la niña. Aneiros Cachaza localiza muestras de aquella biopsia, que también casualmente se conservaban veintitrés años después, aportándolas al Juzgado. De nuevo el Instituto Nacional de Toxicología realiza análisis de ADN y esta vez asegura que los restos de hígado pertenecen a una hija de Gloria y Eduardo. Sin embargo, la acusación particular envió la biopsia al propio doctor Bruguera, del Clinic de Barcelona, que las había examinado dos décadas antes, dictaminando que no pertenecen ni a un feto ni a un recién nacido de pocos días. Toxicología en cambio le contradice insistiendo en la posibilidad de que sean de un neonato. Para zanjar la polémica, Eduardo y Gloria encargan un tercer análisis, al laboratorio Labgenetics, quien dice contundentemente que la biopsia no pertenece a ningún descendiente de Gloria Rodríguez ni Eduardo Raya “con un 100% de probabilidad”. Sin embargo, éste último informe fue otro de los que se “traspapeló” y también ha sido hasta ahora obviado por la Justicia.

 Los alelos: El último descubrimiento del letrado de la acusación particular, Rafael López Guarnido, es la cuestión de los denominados alelos o marcadores genéticos. Al examinar los análisis de la biopsia realizados por Labgenetics y por Toxicología, el abogado se ha dado cuenta, y ha puesto en conocimiento de la jueza, que mientras el primero compara 11 marcadores genéticos del hígado hallado, de Gloria y de Eduardo, para descartar la paternidad, el segundo sólo coteja 8 para afirmar lo contrario. Y además, de esos ocho, en cuatro de ellos los valores atribuidos a Gloria y Eduardo son distintos de lo recogido por el laboratorio privado. Uno de los dos informes está equivocado ¿Error de bulto o falseamiento intencionado?


De izquierda a derecha, Celia Maldonado, Angustias Rodríguez, Eduardo Raya y Gloria Rodríguez muestran pruebas aportadas a los juzgados sobre sus casos de supuesto robo de bebés (J.L.G.)

 Ministerio de Justicia: Ante el cúmulo de posibles irregularidades, que pueden ser incluso constitutivas de delito en último extremo. El propio Eduardo Raya, como presidente de la asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D) había comentando las especificidades de su caso al propio ministro Ruiz Gallardón, con motivo de las reuniones con las asociaciones de bebés robados en la sede del Ministerio. El noviembre de 2012 Raya recibió una carta del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde Díez, en la que concluía: “como puede comprender ningún interés tiene este Ministerio, que tan activamente está colaborando para ayudar a las familias afectadas de posibles sustracciones ilícitas de menores, en dar otros resultados que los que científicamente se obtengan, impidiendo la averiguación de lo sucedido”.

 Parlamento europeo: En mayo de 2012 la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, Erminia Mazzoni, comunicó a Eduardo Raya la admisión a trámite de la queja que había presentado unos meses antes, por lo que la Eurocámara no sólo realizará la pertinente investigación, sino que además emitirá un dictamen de obligado cumplimiento para el Estado miembro, en este caso España.

 La ONU: Eduardo y Gloria también comparecieron el pasado mes de octubre ante los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, Ariel Duritzky y Jasminka Dzumhur, que visitaron España para recoger testimonios de las víctimas del franquismo. Con toda seguridad comparecerán de nuevo cuando este organismo internacional inicie su investigación específica sobre el robo de niños, abarcando tanto la dictadura como la época democrática, e incluyendo la motivación económica, además de la política. Una actuación que ha sido solicitada a la ONU por varias asociaciones, como la canaria Colectivo Sin Identidad, y está en tramitación..

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